Echeverría manifestó: “La fuerza pública saldrá de la Ciudad Universitaria y ésta será entregada a las autoridades universitarias inmediatamente que éstas lo soliciten”.
En la sesión de la Cámara de Diputados se produjo un violento debate en torno al conflicto estudiantil. La diputación del PAN propuso que la Cámara pidiera a Díaz Ordaz que ordenara el retiro inmediato del ejército de CU y acordara llamar al jefe del DDF y al secretario de Gobernación e invitar a los procuradores general y del Distrito y Territorios Federales, “con el objeto de que rindan un informe preciso y detallado respecto al conflicto estudiantil, sus orígenes e implicaciones”.
El diputado Octavio A. Hernández, jefe de la diputación priista del DF, asestó cargos contra las autoridades de la UNAM, pretendiendo hacerlas responsables del conflicto. Culpó directamente al rector, afirmando que éste inició “una conducta que, por lo que hace a su pasividad tiene, a mi modo de ver, mucho de criminal, y por lo que hace a sus actos, muchos matices de delito”. Para el diputado “la autonomía fundamentalmente implica libertad de cátedra”, y se pregunta “¿En algún momento el gobierno de la república, los policías, el ejército, la fuerza pública en cualquiera de sus manifestaciones ha puesto un bozal a los profesores?”
El diputado Luis M. Farías hizo declaraciones a la prensa contra el rector de la UNAM, considerándolo “impotente para resolver problemas internos de la casa de estudios”.
Entre el 20 y el 30 de septiembre aparecieron en los periódicos desplegados y cartas repudiando la ocupación militar de CU y se exigía su desocupación y la libertad de todas las personas detenidas.
La Asamblea de Intelectuales y Artistas protestó por el uso anticonstitucional del ejército, la suspensión de hecho de las garantías individuales, la cesación de la autonomía universitaria, el ejercicio de medidas represivas en sustitución del diálogo, la clausura oficial de todo proceso democrático en el país y la detención ilegal, arbitraria y totalmente anticonstitucional de cientos de personas, cuyo único delito era encontrarse en el centro de estudios en el momento que fue ocupado por el ejército.
En el mismo sentido se manifestaron el Partido Comunista Mexicano, el Sindicato de Profesores de la UNAM, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, un grupo de profesores de la UNAM, la Asamblea de Estudiantes y Profesores de las escuelas de Ciencias Políticas y Sociales, Antropología, Arquitectura y Psicología de la Universidad Iberoamericana, la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, el Partido Acción Nacional, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, la Confederación de Jóvenes Mexicanos, la Asociación de Profesores de la Escuela Nacional de Economía, profesores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, los médicos residentes e internos del Hospital General del Centro Médico Nacional del IMSS, de los hospitales General, Juárez, de la Mujer y de Maternidad Isidro Espinoza de los Reyes de la SSA, y de los hospitales de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas –que estaban en paro indefinido desde el 19 de septiembre. en apoyo al CNH–, el Círculo Nacional Obrero Campesino, y la Central Campesina Independiente.
También se publicaron en la prensa desplegados de organizaciones empresariales y del PRI apoyando la decisión del gobierno de ordenar la intervención del ejército en CU. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y la Confederación de Cámaras Industriales coincidieron con los tres sectores del PRI en calificar la medida del gobierno como un acto restablecedor del orden. La Concamin manifestó que “los motines y algaradas estudiantiles han creado un ambiente de inquietud que, si se prolonga, puede obstaculizar el desarrollo económico del país, que se nutre fundamentalmente de estabilidad política, paz social y unión entre los mexicanos”. La Concanaco apoyó “esta acción de orden de un gobierno cuya principal responsabilidad y función es precisamente el mantener la paz pública en contra de cualquier interés sectario”.
Durante todo el día hubo choques violentos entre estudiantes y policías en Zacatenco, en la Voca 7, en la plaza de la Ciudadela –donde estaban las vocas 2 y 5– y en Santo Tomás.
Media hora después del mediodía, la policía irrumpió en la Unidad de Zacatenco y lanzó gases lacrimógenos a los estudiantes. Éstos respondieron con piedras y bombas molotov. Un policía fue capturado por los estudiantes y otro resultó con heridas de consideración. Entre los estudiantes había muchos heridos. En la Voca 7, los granaderos se enfrentaron con los estudiantes. Lanzaron gases lacrimógenos, de un lado, y bombas molotov, del otro. Como resultado de los enfrentamientos fueron aprehendidos aproximadamente 200 jóvenes, quienes fueron llevados a la decimotercera delegación.
En Chihuahua se celebró el Encuentro Nacional de Dirigentes Estudiantiles. Se acordó reforzar la lucha estudiantil y condenar la ocupación militar de la UNAM y exigir su retiro inmediato de esa casa de estudios.
Los representantes de las Escuelas Rurales informaron que el lunes 23 iniciarían una huelga.
En Puebla se realizó una manifestación silenciosa en protesta por la ocupación militar de CU.
Según el informe de la Femospp: El día 20, la DFS detuvo en el domicilio ubicado en Pedro Luis Ogazón número 2, colonia Vallejo, a “ocho estudiantes que estaban ‘sesionando para organizar brigadas políticas’. En ese lugar, además, estaban imprimiendo en un mimeógrafo propaganda elaborada por la Tita con ‘severos ataques al gobierno”. La casa era propiedad, según la Femospp, de Consuelo Cabrera Salazar, quien vivía allí con su hija Lucelia Mariscal Villanueva Olvera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario