Tlatelolco, día 7

El domingo 28 de julio, cinco días después del pleito callejero que desencadenó todo, la policía retira todas las barricadas de los alrededores de San Ildefonso, mientras los grupos de estudiantes se parapetan en los edificios escolares de la zona.
La procuraduría capitalina (que entonces se llamaba Procuraduría de Justicia del Distrito y Territorios Federales) informa que consignó a las personas detenidas los días 26 y 27 de julio “por los delitos de daño en propiedad ajena, robo, lesiones, injurias y amenazas contra agentes de la autoridad, secuestro de ambulancias de la Cruz Roja, resistencia de particulares y pandillerismo”. También dice que “a los que se comprobó la comisión de delitos del orden federal los puso a disposición de la Procuraduría General de la República” y que sólo quedan 43 detenidos en los separos.
A su vez, la PGR consigna en el juzgado primero de distrito del DF en materia penal a 16 de los detenidos los días 26 y 27 de julio. Se les acusa de daño en propiedad ajena y ataques a las vías generales de comunicación.
Los consignados en aquella ocasión fueron: Arturo Zama Escalante, Félix Goded Andrew, Rubén Valdespino García (a Rubén Valdespino lo conocí años después; fue gerente general de El Nacional y luego de Crónica), Gabriel Zúñiga Meraz, César Romero González, Arturo Ortiz Marbán, Gerardo Unzueta Lorenzana, Juan Ferrera Rico, Agustín Montiel Montiel, Roberto Miñón Corro, Leopoldo Velázquez González, Roberto Gallangos Cruz, Carlos Ramírez González, el puertorriqueño William Rosado Laporte, la gringa Mika Seeger Salter (¿acaso sería la hija de Pete Seeger?) y el chileno Raúl Poblete Sepúlveda.
Este día, en la UNAM se reúnen por primera vez el Comité Coordinador de Huelga del Poli y los representantes de varias escuelas de la UNAM y los de Chapingo y la Normal. Debaten la posibilidad de lanzarse a una huelga en todos los planteles y no suspenderla sino hasta que desaparezcan la FNET, la “porra” universitaria y el MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, siniestra organización emparentada con los sinarquistas más violentos del Bajío); hasta que expulsen a los estudiantes miembros de esos grupos y del PRI, hasta que se indemnice a los estudiantes heridos y a los familiares de los muertos (ya se hablaba de muertos, pero no se mencionaban sus nombres), hasta que quedaran en libertad los estudiantes detenidos, hasta que desaparecieran el Cuerpo de Granaderos y las demás policías represivas y hasta que se derogara el artículo 145 del Código Penal, el del famoso delito de “disolución social”.
A la distancia queda claro que ese pliego petitorio no lo iba a cumplir ni siquiera un gobierno democrático.
A todo esto, la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM ya estaba en huelga desde el 14 de julio, pero por una causa distinta: lo estaba en solidaridad con Demetrio Vallejo.
Este mismo domingo aparecen en algunos diarios desplegados de organizaciones de profesores y alumnos y del Partido Comunista. Todos rechazaban las acciones represivas del gobierno.