El sábado 27 de julio, alumnos de las vocacionales y escuelas superiores del Poli se reúnen en asamblea en la Voca 5, donde crean el Comité Coordinador de Huelga del IPN (CCH).
El CCH acuerda lanzarse a una huelga general y sostenerla hasta que sean resueltas las demandas de desaparición del Cuerpo de Granaderos y hasta que renuncien el jefe y el subjefe de la Policía Preventiva del DF, Luis Cueto y Raúl Mendiolea; desconoce a la FNET como órgano representativo de los estudiantes politécnicos; acuerda formar comités de lucha en todas las escuelas técnicas y nombrar comisiones para discutir con estudiantes de la UNAM, normalistas y de Chapingo la integración de un frente estudiantil.
Desde las diez de la mañana, estudiantes de la UNAM, del Poli y de la Normal se posesionan de las áreas aledañas a las preparatorias 1, 2 y 3, todas ellas en el Centro Histórico de la ciudad de México: cierran el tráfico en las esquinas de Justo Sierra y El Carmen, San Ildefonso y El Carmen, Argentina y Guatemala, Argentina y Venezuela, Brasil y Donceles y Brasil y Luis González Obregón. En cada bocacalle tienden cuerdas y se destacan veinte chavos, quienes impiden el acceso a cualquier persona que no sea estudiante. Cerca de la una de la tarde cambian las cuerdas por camiones con las llantas desinfladas, a modo de barricadas.
A las cinco de la tarde realizan una asamblea en el anfiteatro Justo Sierra, en el Colegio de San Ildefonso. Después de largas deliberaciones resuelven no retirar las barricadas en tanto no sean puestos en libertad los estudiantes detenidos la noche anterior.
Para colmo, algunos funcionarios de la UNAM deciden ofrecer sus buenos servicios para tender puentes entre los estudiantes y las autoridades del DDF. A las ocho de la noche, dos de estos funcionarios (Alfonso Millán, subdirector de Orientación y Servicios Sociales, y Eduardo Martínez) son golpeados por la policía y llevados a la Procuraduría General de la República. Después de una hora de interrogatorios, son puestos en libertad.
Hacia las nueve de la noche, en los alrededores de San Ildefonso se reinician los enfrentamientos entre estudiantes y granaderos. Cueto Ramírez, jefe de la policía capitalina, ofrece una conferencia de prensa en la que da a conocer los nombres de 76 personas detenidas, a quienes se atribuye ser autoras de “los disturbios” de los dos últimos días; califica los sucesos del 26 de julio “como un movimiento subversivo” que “tiende a crear un ambiente de hostilidad para nuestro gobierno y nuestro país en vísperas de los juegos de la XIX Olimpiada”, niega que los choques del día anterior hayan sido promovidos por “auténticos estudiantes” y señala como culpables a “agitadores profesionales”. Además, en el colmo de la originalidad, afirma que detrás de los hechos violentos hay una “conjura internacional” diseñada por los comunistas.
En un informe se asegura que la Jefatura de Policía intervino en la manifestación del día anterior “en auxilio y a petición de los directivos de la FNET”.
A su vez la FNET apoya públicamente al gobierno y responsabiliza a “elementos trotskistas” de haber azuzado a “los estudiantes para trasladarse a un mitin organizado por agitadores profesionales y lograr un enfrentamiento con la policía”.
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