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El martes 3 de septiembre de 1968, en un manifiesto a la nación, el CNH responde al cuarto informe presidencial: “Se ha dicho que el movimiento estudiantil iniciado en julio carece de una bandera (...) Con esto se quiere tender una cortina de humo que oculte no sólo el contenido real de nuestros propósitos, sino la raíz y razón de los mismos, condicionados por una situación general de imposturas políticas, de ejercicio arbitrario del poder, de la negación de las libertades y derechos ciudadanos, de falsificaciones jurídicas que en cualquier país acreditarían al Poder Judicial como reo de asociación delictuosa (...) Tenemos pues una bandera de principios –aparte la reclamación de agravios que representan los seis puntos de nuestra demanda en contra de las autoridades. En sus comienzos, quizá nuestro movimiento se hubiera satisfecho con la reparación de daños y la remoción de los culpables de aquéllos; pero en México se ha totalizado a tal extremo el sistema de opresión política y de centralismo en el ejercicio del poder –desde el nivel de gendarme hasta el de presidente– que una simple lucha por mínimas libertades democráticas (como la de manifestar en las calles y de pedir que sean liberados los presos políticos), confronta al más común de los ciudadanos con todo el aparato del Estado y su naturaleza de dominio despótico, inexorable y sin apelación posible (...) Nuestro movimiento, por ello, no es una algarada estudiantil más; esto debe comprenderse muy bien por quienes se obstinan en querer ajustar sus nuevas realidades a los viejos sistemas obsoletos de su ‘revolución mexicana’, y de su ‘régimen constitucional’, de su ‘sistema de garantías’ y otros conceptos vacíos, engañosos, de contenido opuesto a lo que expresan”.
El presidente “sólo dejó una disyuntiva a quienes, desde el Zócalo, hemos exigido una respuesta a las demandas con concentraciones populares”: “O aceptamos sus ‘soluciones’ sin seguir presionando; o se reprime, ahora en definitiva, este movimiento popular apelando al ejército, la marina y la aviación (...) Negamos que por nuestra parte existan presiones ilegítimas hacia el gobierno; pero la falta de respuesta a una demanda lleva necesariamente a la acción popular: única vía que queda abierta ante un régimen sordo y mudo (...) La disyuntiva que se nos plantea entre aceptar sus soluciones o esperar la represión total, es una falacia más porque no hubo ninguna solución a los dos puntos mencionados en el informe; los demás no recibieron siquiera atención (...) Hemos planteado siempre y en todo momento que queremos solucionar el conflicto; que para ello iremos al diálogo en cualquier momento, bajo las condiciones que el gobierno exprese. Una sola es nuestra exigencia: que este diálogo sea público, ante toda la nación, y que no se pretenda intimidarnos con tanques y policías (...) Hasta hoy no hemos recibido otra respuesta que el aumento de la represión, las amenazas y las calumnias que pretenden cambiar la opinión pública para volverla desfavorable a nosotros (...) El gobierno puede solucionar este prolongado conflicto cuando quiera. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacerlo”.
Por la tarde de este martes se realizaron asambleas en las escuelas para discutir la táctica más adecuada, en vista de la nueva situación que se presenta a consecuencia del cuarto informe.
Se realizó una mesa redonda en el auditorio Justo Sierra de la UNAM para analizar el informe presidencial. Los participantes señalaron que “el informe denota el endurecimiento de las medidas de fuerza contra el movimiento estudiantil; que no ofreció bases para la solución del conflicto pero que, sin embargo, dejó una estrecha abertura para una eventual discusión”.
El obispo auxiliar y de México, Francisco Orozco Lomelín, declaró oficialmente que no hubo profanación alguna de la Catedral por parte de los estudiantes. En un boletín de prensa difundido por Acción Católica Mexicana, de la Arquidiócesis de México, se señala que “la juventud está externando su inconformidad con las estructuras sociales que tanto en nuestro país como en otras naciones, no responden a las necesidades de los hombres”.
El lunes 2 de septiembre, el CNH, en conferencia de prensa en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UNAM, dio su opinión sobre el informe presidencial.
“Carece en lo fundamental de una argumentación política capaz de dar salida a este conflicto”, “se circunscribió a dos de los puntos de nuestro pliego petitorio: el relacionado con los presos políticos en México y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal” y las soluciones que ofrece a estos puntos son insatisfactorias.
Agregó que Díaz Ordaz, como ya lo habían hecho Corona del Rosal y Echeverría, “se refirió al diálogo en tono abstracto, en el que nada se concretaba, en el que nada quedaba definido”.
Concluyó: “No vamos a dialogar con la presión de los tanques y las bayonetas encima, nosotros no entendemos el lenguaje de las ‘orugas’; retiren los tanques de las calles, retiren el ejército de la calle, retiren todos los provocadores y todas las fuerzas de choque que vestidas de civiles atacan a nuestras brigadas de la calle, y entonces públicamente estaremos dispuestos a dialogar y a debatir, antes no”.
“Nuestro movimiento, por ello, no es una algarada estudiantil más; esto debe comprenderse muy bien por quienes se obstinan en querer ajustar sus nuevas realidades a los viejos sistemas obsoletos de su ‘revolución mexicana’, y de su ‘régimen constitucional’, de su ‘sistema de garantías’ y otros conceptos vacíos, engañosos, de contenido opuesto a lo que expresan”.
El presidente “sólo dejó una disyuntiva a quienes desde el Zócalo hemos exigido una respuesta a las demandas con concentraciones populares: o aceptamos sus ‘soluciones’ sin seguir presionando; o se reprime, ahora en definitiva, este movimiento popular apelando al ejército, la marina y la aviación (...) Negamos que por nuestra parte existan presiones ilegítimas hacia el gobierno; pero la falta de respuesta a una demanda lleva necesariamente a la acción popular: única vía que queda abierta ante un régimen sordo y mudo (...) La disyuntiva que se nos plantea entre aceptar sus soluciones o esperar la represión total… Hasta hoy no hemos recibido otra respuesta que el aumento de la represión, las amenazas y las calumnias que pretenden cambiar la opinión pública para volverla desfavorable a nosotros (...) El gobierno puede solucionar este prolongado conflicto cuando quiera. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacerlo”.
Y, a manera de confirmación de dicha disposición, el CNH propone que el diálogo:
1) Se base en el pliego petitorio.
2) Se desarrolle exclusivamente entre los representantes del Poder Ejecutivo y los del CNH.
3) Se inicie en la Unidad del Congreso del Centro Médico del IMSS el día lunes 9 de septiembre a las 5 de la tarde.
4) Se efectúe ante la presencia del CNH en pleno, la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, la prensa nacional e internacional y los asesores que ambas partes consideren pertinentes.
5) Sea transmitido por Radio Nacional y Telesistema Mexicano. Si esta proposición no es considerada conveniente por el Poder Ejecutivo, el CNH, asienta, está dispuesto a discutir otras propuestas.
La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas respondió en una carta al informe presidencial, señalando que en representación de las mujeres “a quienes hemos visto sufrir graves daños en estos días, que sí hemos sido soezmente vejadas; que sí hemos sido injuriadas; que sí hemos sido ofendidas de palabra y de hecho, amenazadas, detenidas injustamente, pero en ningún caso los culpables han sido los estudiantes, compañeros, hijos, hermanos nuestros; quienes nos han golpeado y atropellado han sido el ejército y los miembros de las fuerzas represivas que se desataron desde fines de julio sobre los estudiantes y el pueblo capitalino”.
Cerca del mediodía, varios grupos de estudiantes fueron a la Procuraduría del DF para solicitar la libertad de sus compañeros detenidos. Se les informó que este día se había puesto en libertad a 96 estudiantes, a quienes se les advirtió que los expedientes correspondientes a su arresto quedarían en reserva, “empero, si persisten en su conducta y reinciden en algunos delitos de los que se les acusa o cometen otros, se ejercerá acción penal en su contra”.
La CTM, en manifiesto a la nación, declaró: “Extranjeros y malos mexicanos, actuando como activos agentes comunistas, aprovecharon reyertas sin importancia de dos pequeños grupos de estudiantes para desatar la más grave acometida en contra del régimen y de las instituciones del país, adoptando para el caso, tácticas que son un remedo de sistemas adoptados por extremistas de esas tendencias, en otros confines y, muy recientemente en los disturbios de París (...) no existe un problema estudiantil real. No se han planteado demandas con ningún contenido de esa naturaleza (...) Se insiste en los más absurdos planteamientos y se exigen condiciones tan degradantes, que siendo en apariencia pueriles por absurdas, lo que buscan en realidad es evitar que haya materia para diálogo alguno, ya que el propósito es quebrantar todo principio de autoridad”. Agregó su adhesión lambiscona a Díaz Ordaz y se sumó a las peticiones formuladas por éste a los estudiantes “para que vuelvan al camino de la razón y el orden, expulsen de sus filas a los políticos resentidos, a los agentes nacionales o extranjeros que atienden intereses extraños a México”, y que “para el caso de que no se recapacite en la acción subversiva, la CTM manifiesta su determinación de participar, con todo sus efectos, en la acción sindical que sea necesaria, en el tono, grado y con las consecuencias que sean requeridas, para dar fin al clima antijurídico y de anarquía (...) y destruir a los agitadores nativos o extranjeros”.
En un boletín firmado por la Coalición de Generaciones de Maestros del IPN se pidió a estudiantes y maestros que, entre otras acciones, denuncien a las “personas o grupos que tratan de exacerbar los ánimos con tendencia a hacer chocar la masa estudiantil con la doctrina y línea política del presidente, expresada en su IV informe”.
El jefe de la policía del DF, Luis Cueto, declaró que la “Jefatura de Policía tiene instrucciones terminantes para no permitir ningún acto que altere el orden público y que esté fuera de la ley”, y “permanecerá a la expectativa para reprimir cualquier acto de agresión”. Notificó que “ayer a las once de la mañana, personal de la Dirección General de Tránsito detuvo a once estudiantes de la Escuela de Agricultura de Chapingo, a quienes se sorprendió repartiendo propaganda subversiva”. Tres de los detenidos pertenecían al Comité de Huelga de Chapingo.
Seguían las detenciones y el clima de hostigamiento: varios tipos armados retiraron carteles del CNH de los alrededores de la Escuela Nacional de San Carlos y dispararon al aire, a manera de intimidación.
El informe de la Femospp asienta que “en Azcapotzalco una camioneta del Jardín Botánico, en la que se transportaba una brigada política de la Facultad de Ciencias de la UNAM fue atacada a tiros por un grupo de desconocidos que viajaban en un automóvil sin placas; en Buenavista fueron secuestrados tres estudiantes por la policía; un estudiante de Derecho fue golpeado por desconocidos cuando repartía propaganda a los taxistas en la Avenida Insurgentes; una brigada de estudiantes de Físico Matemáticas del IPN fue disuelta por granaderos cuando celebraba un mitin en el mercado Morelos”.
El domingo 1 de septiembre de 1968 Díaz Ordaz dio su cuarto informe de gobierno, en medio de un gran despliegue policiaco y con una excesivamente fuerte protección militar.
Los estudiantes estuvieron atentos y esperaban que el presidente diera solución a sus demandas.
Dice Guevara Niebla: “Era la única autoridad del país que no había tomado una posición clara frente al movimiento, y al mismo tiempo era la máxima autoridad; se esperaba que, como siempre sucedía, la máxima autoridad apareciera resolviendo los problemas”.
Y no hubo solución, aunque Díaz Ordaz abordó el tema del movimiento estudiantil, al que le dedicó alrededor de una hora: “...Durante los recientes conflictos que ha habido en la ciudad de México se advirtieron, en medio de la confusión, varias tendencias principales: la de quienes deseaban presionar al gobierno para que se atendieran determinadas peticiones, la de quienes intentaron aprovechar con fines ideológicos y políticos y la de quienes se propusieron sembrar el desorden, la confusión y el encono para impedir la atención y la solución de los problemas, con el fin de desprestigiar a México, aprovechando la enorme difusión que habrán de tener los encuentros atléticos y deportivos, e impedir acaso la celebración de los Juegos Olímpicos (...) De algún tiempo a la fecha, en nuestros principales centros de estudio, se empezó a reiterar insistentemente la calca de los lemas usados en otros países (...) El ansia de imitación se apoderaba de centenares de jóvenes de manera servil y arrastraba a algunos adultos (...) Habíamos estado provincianamente orgullosos y candorosamente satisfechos de que, en un mundo de disturbios juveniles, México fuera un islote intocado. Los brotes violentos, aparentemente aislados entre sí, se iban reproduciendo, sin embargo, en distintos rumbos de la capital y en muchas entidades federativas, cada vez con mayor frecuencia. De pronto, se agravan y multiplican, en afrenta soez a una ciudad consagrada al diario labor y que clamó en demanda de las más elementales garantías (...) Debo agregar que considero, y con este criterio coincide el de destacados abogados, que si se examinan los hechos recientes con serena objetividad y rigor técnico, jurídicamente no hubo violación a la autonomía universitaria. No obstante no deseo discutir el pasado (...) Con las anteriores manifestaciones creo dar plena satisfacción a las demandas genuinamente universitarias que nuestra máxima casa de estudios formuló públicamente. Las otras deberán debatirse o atenderse, no en el ámbito universitario, sino en el que, según su naturaleza, les corresponda, para ser resueltas en justicia, con apego al derecho y sin otra mira que la de servir del mejor modo al país (...) En conclusión, el Estado mexicano debe velar por la autonomía universitaria, no sólo respetarla; pero también es su obligación respetar y hacer respetar nuestras instituciones y cuidar el régimen jurídico interno de las universidades, así como encauzar las diferencias dentro de la ley e impedir que la soberanía nacional pueda ser mediatizada por actos de violencia externos o internos (...) Es evidente que en los recientes disturbios intervinieron manos no estudiantiles; pero también lo es que, por iniciativa propia o dejándose arrastrar, tomó parte un buen número de estudiantes (...) Creo que debo adelantar la posición del gobierno con relación a algunas demandas de fondo principalmente político (...) No admito que existan ‘presos políticos’. ‘Preso político’ es quien está privado de su libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno (...) No debo invadir la esfera de acción de otro Poder, pero estoy encargando a la Procuraduría General de la República y a la de Justicia del Distrito y Territorios Federales que revisen concienzudamente, a petición de la parte interesada, los casos pendientes en que pudiera presentarse duda (...) En cuanto a los que ya están sentenciados y, por tanto a disposición del Ejecutivo Federal, informo al pueblo que, ante gestiones realizadas, ofrecí hacer uso de alguna de las facultades que la ley otorga al Ejecutivo para liberarlos (...) siempre y cuando cesara la serie de actos de pretendida presión que se han venido realizando para obtener su libertad (...) Respecto a los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, el primero de los cuales configura los delitos llamados de disolución social, y cuya derogación se pide, también creo conveniente precisar: la derogación de una ley no corresponde al Ejecutivo, aunque éste sí tiene facultad para iniciarla (...) Me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la posibilidad de que, en la forma que él lo determine, abra una serie de audiencias públicas en las que las agrupaciones de abogados de la República, los juristas y, en general, quienes deseen hacerlo expongan sus argumentos. ¿Debe o no ser delito afectar la soberanía nacional, poniendo en peligro la integridad territorial de la República, en cumplimiento de normas de acción de un gobierno extranjero? (...) si después de que se conozca por el pueblo mexicano el contenido de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, la opinión pública se pronuncia a favor de la derogación y este Honorable Congreso resuelve expedir la ley correspondiente, la promulgaré y la publicaré sin dilación (...) Vamos ahora a la recapitulación de los hechos que conviene tener presentes (...) Se ha llegado al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; se ha disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9o. constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados (...) La policía, pues, debe intervenir en todos los casos que sea absolutamente necesario; proceder con prudencia sí, pero con la debida energía. Las autoridades, siempre que sea necesario la harán intervenir. En ese mismo concepto, agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción VI de la Constitución General de la República que, textualmente, dice: ‘Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: (...) VI.- Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación’ (...) No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos (...) Examinemos ahora, brevemente, el verdadero fondo del problema: La urgencia de una profunda reforma educacional...”
El informe del poblano, maniqueo, parcial y “orgullosamente provinciano”, omitió las palabras “diálogo”, “acuerdo” o “solución” y perfiló la amenaza de usar al ejército hasta donde topara.
Después del informe, el gobierno recrudeció las medidas represivas contra el movimiento estudiantil. Los dirigentes de las centrales obreras y campesinas ligadas al PRI, así como los diputados y senadores (todos priistas), se mostraron más belicosos hacia el movimiento y propagaron con vehemencia su adhesión a la posición presidencial.
Los medios de comunicación incrementaron la campaña contra el movimiento.
Los gobiernos de los estados adoptaron medidas más represivas: en Puebla, el ejército tomó la Universidad, y en Sinaloa, el gobernador Sánchez Celis amenazó con suspender el presupuesto universitario.
Durante el sábado, 31 de agosto de 1968, hubo aprehensiones de brigadistas en distintos puntos de la ciudad. Las detenciones eran realizadas por soldados, granaderos y policías.
El CNH reiteró su disposición al diálogo: “Aceptamos inmediatamente una discusión técnica sobre cómo deberá llevarse a cabo el diálogo que lleve a su fin el conflicto”, exigió el cese del “virtual estado de sitio de la ciudad”, informó que el movimiento tiene simpatía entre los burócratas y mostró diversos volantes de solidaridad firmados por el Comité Burocrático Pro Libertades Democráticas.
Por otra parte, en ese lienzo charro apodado CTM, la plenaria de su Consejo Nacional Ordinario acordó formar un “comité permanente de defensa contra actos subversivos”.
El viernes 30 de agosto, el CNH toma los siguientes acuerdos:
“1) El domingo 1 de septiembre, día del informe, no habrá mítines ni manifestaciones estudiantiles en el Zócalo.
“2) El consejo está dispuesto a iniciar el diálogo con las autoridades lo antes posible, a condición de que el mismo sea público y cese la represión policiaca y del ejército.
“3) Las comisiones estudiantiles que dialogarán con las autoridades ya han sido designadas; solamente se espera que las autoridades confirmen su deseo de dialogar.
“4) El consejo desarrollará una ofensiva política entre todos los sectores populares a través de sus brigadas estudiantiles, las que tienen instrucciones de no caer en actitudes que puedan provocar a la policía ni al ejército, las cuales denigrarían al limpio movimiento estudiantil.
“5) El movimiento estudiantil no tiene relación alguna con la Olimpiada y no desea entorpecer su celebración.”
El Colegio de Profesores de la Escuela Nacional de Economía manifestó, en un desplegado: “En la conveniencia de iniciar de inmediato el diálogo público entre el gobierno y los estudiantes”, no “contribuye a crear un clima favorable al diálogo el magnificar y tergiversar hechos como el izamiento de una bandera rojinegra, el imaginario sacrilegio a la Catedral Metropolitana y el esparcir rumores que tienden a crear pánico y confusión sobre supuestas escaseces (de gasolina y artículos de primera necesidad) que se atribuyen en forma dolosa al ‘problema estudiantil”. En el mismo sentido se manifiestan otras agrupaciones, como la Asamblea de Intelectuales, Artistas y Escritores.
En la madrugada del jueves 29 de agosto de 1968, alrededor de las cuatro de la mañana, unos sesenta enmascarados dispararon durante diez minutos contra el edificio de la Voca 7, con ametralladoras, carabinas M1 y pistolas. Dos estudiantes fueron heridos y luego, atendidos en la Escuela Superior de Medicina del Poli. El Comité de Lucha de la Voca 7 manifestó que la táctica de agresión utilizada por los asaltantes corresponde a la de un cuerpo especializado.
Y, en efecto, años después, en las revelaciones póstumas de Marcelino García Barragán, éste dice que los terroristas que ametrallaron la Voca 7 “eran oficiales del Estado Mayor Presidencial que recibieron entrenamiento para este tipo de actos, concebidos y ordenados por el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial”, el general Luis Gutiérrez Oropeza.
Los vecinos de Tlatelolco acordaron con los estudiantes agredidos realizar un mitin a las tres de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas. A los pocos minutos de iniciado el mitin, soldados y granaderos llegaron a la plaza y exigieron la disolución del acto, ocuparon Voca 7 y dejan 26 tanques y 13 camiones del ejército frente a esta escuela.
No sólo eso: el ejército vigila las zonas aledañas a CU y a Zacatenco y patrulla las calles del centro de la ciudad.
Varios grupos de brigadistas fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Procu del DF. Todos ellos fueron detenidos en centros laborales, cuando exhortaban a los obreros a solidarizarse con el movimiento. Sólo en la armadora Auto-Mex fueron aprehendidos 25 estudiantes, ocho en la terminal postal de Pantaco y otros tantos en los Laboratorios Abbot y la empacadora Clemente-Jacques.
Por la tarde de este jueves, la Coalición de Profesores y el CNH dieron una conferencia de prensa, donde el CNH manifestó su disposición al diálogo y solicitó a la autoridad retirar a las fuerzas militares y policiacas de las calles de la ciudad para que, “en un ambiente de paz y sin temores, pueda efectuarse el diálogo público entre estudiantes y gobierno”. Exhortó a los estudiantes y al pueblo a no enfrentarse a soldados y policías.
El CNH también hizo varias aclaraciones en relación con los hechos del 27 de agosto. Afirmó que: 1) no ordenó pintar los muros del Palacio Nacional; 2) la bandera rojinegra fue izada contra su voluntad por un grupo de estudiantes y que fue bajada por el CNH una vez que terminó el mitin. Una bandera diferente fue izada después de que los estudiantes fueron desalojados por el ejército; 3) el repique de las campanas de la Catedral se hizo con el consentimiento del sacerdote Jesús Pérez, a quien solicitaron permiso e incluso éste indicó a los estudiantes donde estaban las escaleras para que subieran a tocar las campanas y después el sacerdote encendió las luces del templo a petición de los estudiantes.
Además, el CNH dio a conocer los nombres de 34 estudiantes y otras personas que fueron heridos en los pasados tres días por las agresiones de militares y policías. También denunció la detención de una brigada de información formada por 23 estudiantes, que realizaba un mitin cerca de la refinería de Azcapotzalco, quienes fueron aprehendidos por el ejército y conducidos en un convoy al Campo Militar Número 1.
Por otra parte, fueron consignados al juzgado 12 de la Cuarta Corte Penal, once chavos que habían secuestrado un autobús de la línea México- Tlalpan, acusados de los delitos de robo, secuestro, amenazas, injurias contra funcionarios públicos y resistencia a particulares.
Para terminar el día, la Voca 7 y la Prevoca 4 fueron objeto de nuevos atentados. Por la noche, unos 200 tipos vestidos de civil y armados con pistolas, macanas, garrotes, cadenas y mangueras, llegaron a la Voca 7 a bordo de automóviles, camiones de redilas y camionetas tipo pánel. Entraron por las partes lateral y trasera de la escuela, agredieron a los estudiantes que estaban dentro del edificio, rompieron vidrios y quemaron carteles alusivos al movimiento y todo lo que encontraron. Golpearon a unas 60 personas, estudiantes y transeúntes que estaban frente al edificio. Mientras unos agresores siguieron con el ataque, otros se encargaron de llevar a los lesionados a los camiones de redilas. Luego irrumpieron con violencia en las plantas bajas de los multifamiliares de Tlatelolco. Los vecinos pidieron inútilmente el auxilio de las patrullas de granaderos que estaban cerca del lugar. Los solicitantes dicen que “los uniformados se negaron a detener a los provocadores, aduciendo que ellos solamente podían intervenir si se los ordenaba la superioridad”. Ante la indiferencia de los policías, los habitantes (siempre bravos) de Tlatelolco decidieron lanzar desde los balcones cubetas de agua hirviendo, macetas y otros objetos contra los agresores. Estos se fueron hacia la Prevoca 4, donde destrozaron vidrios de puertas y ventanas. Luego desaparecieron.
La Coalición de Profesores envió un documento a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que denuncian al regente, al secretario de Gobernación, al secretario de la Defensa, al procurador del DF y al procurador general de la República, por haber ordenado el uso de la fuerza contra los estudiantes, del 23 al 30 de julio. En el documento se señala que con las acciones de los funcionarios se violaron los artículos 1, 6, 7, 9, 14, 16, 29, 129 y 89 (fracción VI) de la Constitución. Al final del escrito se demandaba que la Cámara de Diputados investigara los hechos denunciados y se dictaminara sobre la responsabilidad de los funcionarios, a fin de que el Gran Jurado de Sentencia de la Cámara de Senadores dictara las sanciones que corresponden a los acusados, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales.
La Unidad de Universitarios del Partido Popular Socialista (PPS) expresó su repudio a “las tácticas que algunas autoridades y los grupos de derecha quieren emplear para ‘solucionar’ el problema planteado por los estudiantes: a) enfrentar el chovinismo ciego a los estudiantes. No otra cosa revela la calumnia de que se violentó a la enseña nacional y el mitin de desagravio; y b) enfrentar el clericalismo a los estudiantes. No otra cosa señala la calumnia en el sentido de que se profanó el altar mayor de Catedral”.
La sección 37 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de México inició un paro en apoyo al movimiento estudiantil.
Muestras de solidaridad: cinco escuelas de la Universidad de Puebla y la Escuela Vocacional de Enseñanza Especial decretaron un paro de diez días en apoyo al movimiento estudiantil.
En la madrugada del miércoles 28 de agosto, al cuarto para la una de la mañana, la policía llegó al Zócalo y con magnavoces advirtió a los estudiantes que montaban guardia: “Se les ha permitido hacer su manifestación, se les ha permitido realizar su mitin. Ya han permanecido demasiado tiempo en este lugar. El Zócalo es plaza pública de uso común. La acción de ustedes contraría el artículo noveno constitucional. Se les invita a que se retiren”. Se les dio un plazo de cinco minutos, que ningún estudiante parecía querer acatar.
Por las calles que desembocan al Zócalo se empezaron a acercar soldados de los batallones de infantería 43 y 44 y del primero de paracaidistas, comandados por el general Benjamín Reyes García; además, 12 carros blindados de Guardias Presidenciales, cuatro carros de bomberos, alrededor de 200 patrullas de la policía preventiva, cuatro batallones de tránsito y diez motociclistas de la Dirección General de Tránsito. El ejército y la policía obligaron a los estudiantes a irse del Zócalo.
Los estudiantes se retiraron por Madero, única calle que les dejaron libre, acosados de lejos por la tropa.
Poco después de la una y media de la mañana, los carros blindados, con los faros encendidos y las sirenas abiertas, atacaron la retaguardia estudiantil y provocaron una desbandada. Un camión del Poli fue embestido por los blindados.
En Isabel la Católica, los chavos atravesaron un tranvía que impidió momentáneamente el paso de los blindados. La persecución siguió hasta pasar Gante. Allí el ejército se detuvo y los estudiantes se plantaron frente a la Torre Latinoamericana, donde fueron acorralados y atacados por soldados que llegaron por Madero, San Juan de Letrán y Cinco de Mayo, en una maniobra envolvente. Los soldados cortaron cartucho y obligaron a los estudiantes a replegarse por toda avenida Juárez, hasta Reforma y Bucareli.
Frente al Caballito, los soldados golpearon a los estudiantes con las culatas de los rifles. Los chavos se dispersaron: algunos se fueron a CU, donde el CNH inició una sesión, a puertas cerradas, a las cuatro y 35 de la madrugada.
A las seis de la mañana sólo quedaban en el Zócalo algunas unidades blindadas frente al Palacio Nacional, y unas cuantas patrullas y autobuses con granaderos repartidos en la plancha.
Ese día, el secretario de la Defensa, García Barragán, declaró: “Grupos de alborotadores trataron de establecerse en el Zócalo, habiéndose desalojado por tropas del ejército, sin que se registrara ningún incidente, ya que tales elementos, aun cuando no de buen grado, atendieron la orden de salir del área, no siendo necesario que la tropa hiciera uso de sus armas de fuego”.
Los periódicos publicaron, todos en primera plana, una avalancha de declaraciones contra el movimiento, atribuyendo a los estudiantes el izar irrespetuosamente una gran bandera de huelga en el centro de la Plaza de la Constitución y profanar la Catedral al tocar sus campanas.
Al mediodía, tuvo lugar una “ceremonia de desagravio a la Bandera Nacional” organizada por el DDF. Empleados de limpia y transporte, burócratas de las secretarías de Hacienda y de Educación y algunos contingentes sindicales fueron obligados a asistir al acto, pero al llegar al Zócalo, balaban como borregos y coreaban: “¡Somos borregos! ¡No venimos, nos traen!”
Unos cuantos estudiantes pudieron filtrarse entre los burócratas acarreados, para protestar por la falsedad del acto. Al tratar de izarla, la bandera nacional se atoró a media asta y los chavos pidieron que se quedara así, , en señal de duelo por la intervención del ejército.
Cuando vieron que el acto de desagravio se convertía en mitin de apoyo al movimiento estudiantil, los granaderos, armados con escudos y macanas, se lanzaron contra la gente. Agarraron parejo; desalojaron la parte central del Zócalo y formaron un círculo alrededor del astabandera, donde quemaron la bandera rojinegra.
Un grupo de chavos se abre paso hasta rescatar la bandera en llamas, y tratan de apagarla usando su ropa para sofocar el fuego.
Enseguida se formaron grupos de estudiantes y organizaron mítines frente al antiguo edificio del Ayuntamiento, sede del DDF.
A las dos de la tarde, las autoridades indicaron a los manifestantes que la ceremonia de desagravio había concluido y se les instó a desalojar el lugar.
Minutos después, como nadie se iba, 14 carros-tanque se lanzaron contra la multitud. Se abrieron las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron varias columnas de soldados con la bayoneta calada y atacaron indiscriminadamente a la gente, burócratas y estudiantes.
Policías y soldados los persiguieron por las calles aledañas al Zócalo. Desde los edificios de Madero, Veinte de Noviembre, Pino Suárez, Corregidora, Seminario, los habitantes del Centro de la ciudad lanzaba a los soldados toda clase de proyectiles: botellas, macetas, ladrillos, lo que fuera. Y la la tropa respondió con descargas de fusilería y de ametralladoras ligeras (el Hotel Majestic recibió varios impactos de bala).
A las tres y media de la tarde, el Zócalo quedó despejado y resguardado por soldados y granaderos. Entonces, y sólo entonces, los bomberos pudieron izar la bandera nacional a toda asta.
El CNH declaró que los acuerdos tomados en el mitin de la noche anterior, “en el sentido de exigir como fecha para el debate público estudiantil el 1 de septiembre; el pretendido intento de establecer una guardia permanente en esa plaza y otras propuestas semejantes, son parte de un grave error que favorece la represión... se votaron medidas absurdas en forma precipitada, que interpretamos como un complot, pues un grupo planteó actitudes intransigentes que abrieron la puerta a la represión”.
También se comprometió a no realizar ninguna movilización el 1 de septiembre, día del informe presidencial.
La Coalición de Profesores publicó un desplegado en el que protestó enérgicamente por las intervenciones del ejército y la policía, “por entrañar graves violaciones a las garantías que consagra la Constitución Política mexicana” e hizo un llamado para que el diálogo público entre las autoridades y los estudiantes se iniciara inmediatamente. Enfatizó: “Para que ese diálogo sea eficaz, debe efectuarse en condiciones tales que no esté sujeto a presiones o coacciones de ninguna especie, eligiéndose para ello un sitio apropiado”.
Pero hubo silencio oficial acerca del diálogo. Por parte del Estado no se dijo más y los actos represivos se intensificaron.
Esa noche, Heberto Castillo, miembro de la Coalición de Profesores, fue agredido frente a su domicilio “por un grupo de agentes del servicio secreto”.
El líder charro Fidel Velázquez declaró: “Cualquier medida que tomen las autoridades para reprimir la actual situación estará plenamente justificada y será respaldada por el pueblo y creo que ha llegado la hora de tomarla”.
