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El martes 10 de septiembre de 1968, el CNH dirigió una carta a Díaz Ordaz en la que solicita, con base en el artículo 8 constitucional, “la realización de un diálogo público, que lleve a la solución definitiva del conflicto que nuestro pliego petitorio y la huelga nacional estudiantil con que lo respaldamos, ha planteado”. En el segundo párrafo de la carta se indica “que el compromiso contraído por nuestra patria al organizar los XIX Juegos Olímpicos nos obliga a ambas partes a acelerar la resolución definitiva del problema para poder llevar a cabo con el éxito que todos esperamos el evento deportivo y cultural más importante del mundo”. La carta estaba firmada por Marcelino Perelló Valls a nombre del CNH.
El CNH informó al pueblo de México de las respuestas obtenidas de las distintas dependencias gubernamentales a su documento del 4 de septiembre. En todas ellas “coinciden en ignorar nuestra petición de diálogo público”. Agregó que envió un oficio al presidente, en el que reitera su petición de diálogo público. Por último, invita a participar en la Gran Manifestación Silenciosa, “con la cual demostraremos el repudio general a la injusticia y a la falta de libertades democráticas”.
El CNH declaró en conferencia de prensa que los estudiantes rechazaban el llamado a clases del rector. Se comentaba que “si las autoridades no aceptan el diálogo público, la respuesta será una represión masiva para descabezar el movimiento, debido a la cercanía de la celebración de las Olimpiadas”.
El Comité Coordinador de Huelga de la UNAM manifestó en boletín de prensa: “El Llamado a los Universitarios que hizo el rector Barros Sierra, muestra que evidentemente la posición del rector está condicionada por presiones de que ha sido objeto por parte de las autoridades federales (...) los estudiantes hemos decidido seguir en huelga hasta que sea resuelto nuestro pliego petitorio (...) la huelga estudiantil constituye el centro de nuestro movimiento y la forma de presión más efectiva con que contamos...”
La Coalición de Maestros emitió un comunicado en los siguientes términos: “Coincidimos con la preocupación y proposición de la Rectoría de la UNAM de la necesidad de volver a los cauces normales dentro de la vida institucional. Pero consideramos que la forma más rápida, más digna, cívica y moral del retorno a dichos cauces reside en la solución inmediata y total del pliego petitorio a través del diálogo público”.
Por su parte, el Senado dio su apoyo incondicional a Díaz Ordaz para que disponga, cuando sea preciso, del ejército, la aviación y la marina en “defensa de la seguridad interna y externa de México”.
El lunes 9 de septiembre de 1968, el rector Barros Sierra manifestó en un desplegado de prensa que “es necesario y urgente el retorno a la normalidad en la vida universitaria, lo que requiere la presencia activa de toda la comunidad”.
El domingo 8 de septiembre de 1968, el CNH declaró, en conferencia de prensa, que el gobierno federal no había contestado si aceptaba o no el diálogo público que los estudiantes le habían propuesto en el documento del 4 de septiembre. Manifestó que a pesar de “que el Poder Ejecutivo ya había nombrado sus representantes para el diálogo (a finales de agosto), la Presidencia de la República turnó el asunto a diversas dependencias, las cuales han contestado proponiendo soluciones parciales, burocráticas y legalistas”.
El CNH pidió “al Poder Ejecutivo se pronuncie respecto si acepta o no el diálogo público. En caso de que la respuesta sea negativa, que dé a conocer públicamente las proposiciones que ofrece”.
El MURO y la Coalición de Organizaciones para la Defensa de los Valores Nacionales realizaron una marcha de la Basílica de Guadalupe (obvio) a la Plaza México. En el acto participó un centenar de personas entre estudiantes, boy scouts y algunos campesinos, quienes llevaban mantas con lemas anticomunistas y carteles que decían: “¡Viva Cristo Rey!”, “¡Patria sí, comunismo no!” Los oradores en el mitin fueron Mauricio Gómez Mayorga y Javier Covarrubias.
El sábado 7 de septiembre de 1968, la Secretaría de la Presidencia, en carta firmada por el oficial mayor, Juan José Domene, hizo saber al CNH que recibió el documento de fecha 4 de septiembre, y que lo depositó el día 6 en la Oficialía de Partes y lo turnó, también, a las dependencias gubernamentales, “por contener asuntos de su respectiva incumbencia”.
Cada una respondió a su conveniencia: Gobernación citó el artículo octavo constitucional, que establece el derecho de petición y la forma escrita como sistema de relación entre los ciudadanos y las autoridades. Dijo que la libertad de las personas que “llaman ‘presos políticos’ deberá tratarse ante las autoridades judiciales competentes”, porque “el Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar las resoluciones de carácter judicial”; la solicitud de derogación del artículo 145 le corresponde al H. Congreso de la Unión y no al Ejecutivo; los otros puntos del pliego petitorio no son competencia de la Secretaría de Gobernación.
El DDF respondió citando también el artículo octavo constitucional, y sólo abordó los puntos del pliego petitorio que consideró de su competencia: rechazó la demanda de desaparición del Cuerpo de Granaderos y manifestó que las autoridades están dispuestas a realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en los casos del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del DF y de otros funcionarios, así como de “tratar la posible indemnización a víctimas de los recientes trastornos del orden público, siempre que se presenten los directamente interesados, que se aporten pruebas”, entre otras condiciones. Por último se indicó que las oficinas del DDF estarían abiertas para “atender cualquier gestión posterior”.
La Procuraduría respondió “que toda persona o personas que tengan legítimo interés serán atendidas el día que lo soliciten”.
En el mismo tono, la Procuraduría del Distrito acusó recibo del escrito del CNH y contestó “que en observancia al acuerdo del C. Presidente de la República, en esta dependencia serán escuchadas las personas que con interés legítimo (...) manifiesten expresamente su deseo de que se examine la situación legal”.
En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, se celebró un mitin convocado por el CNH. Se calculó la asistencia de 25 mil personas. Los oradores, representantes de los estudiantes y maestros, consideraron “insatisfactoria la respuesta del gobierno federal a su solicitud para efectuar un diálogo público y encontrar solución al conflicto estudiantil”.
En Culiacán se realizó una manifestación estudiantil en apoyo al movimiento capitalino, a la que asistieron los estudiantes en huelga de esa entidad. El Tecnológico Regional de Sinaloa anunció que entraría en huelga el 9 de septiembre en solidaridad con el resto de los estudiantes.
El viernes 6 de septiembre de 1968, los estudiantes formaron las “brigadas políticas relámpago”: hacían mítines y colectas y dialogaban con la gente.
Se intensificaron la represión y los secuestros de estudiantes que participaban en las brigadas políticas.
“En Azcapotzalco, una camioneta del Jardín Botánico, en la que se transportaba una brigada política de la Facultad de Ciencias de la UNAM, fue atacada a tiros por un grupo de desconocidos que viajaban en un automóvil sin placas; en Buenavista fueron secuestrados tres estudiantes por la policía; un estudiante de derecho fue golpeado por desconocidos cuando repartía propaganda a los taxistas en Insurgentes; una brigada de estudiantes de físico-matemáticas del IPN fue disuelta por granaderos cuando celebraba un mitin en el mercado Morelos; la PGR consignó a grupos de estudiantes del Politécnico y Chapingo”.
El CNH informó que el pueblo de Topilejo, reunido en asamblea general, acordó apoyar al movimiento estudiantil y constituir un comité de ayuda permanente. Los estudiantes de la UNAM, Chapingo y del Poli acordaron dar asistencia técnica, escolar, médica y material a los habitantes de Topilejo.
El jueves 5 de septiembre de 1968, el CNH informó, en un comunicado de prensa, sobre las actividades que realizaban las brigadas políticas, las cuales, dice, ponen énfasis en la recolección de firmas de apoyo a la derogación del artículo 145 del Código Penal.
El Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) dijo, en boletín de prensa, que es “urgente que el gobierno fije la fecha, el lugar y la hora para iniciar el diálogo público con los estudiantes sobre la base de retirar toda presión policiaca y militar”.
Las escuelas de las ciudades de Jalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos y Minatitlán están en huelga.
La Universidad de Morelos y todas sus prepas están en huelga.
Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa inician la huelga y el paro de labores en solidaridad con el movimiento estudiantil del DF y su pliego petitorio; el gobierno de Sinaloa corta el subsidio a la Universidad.
El miércoles 4 de septiembre de 1968, el CNH dirigió un comunicado al pueblo de México: “A pesar de que el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, se dio por enterado de nuestra petición de diálogo por medio de su alocución el día 22 de agosto, nuestra proposición ha quedado en el vacío y las condiciones específicas del diálogo no han sido fijadas”.
Con el propósito de avanzar, el CNH propuso que el diálogo:
1) Se basara en el pliego petitorio.
2) Se desarrollara exclusivamente entre los representantes del Poder Ejecutivo y los del CNH.
3) Se iniciara en la Unidad de Congresos del Centro Médico del IMSS el lunes 9 de septiembre a las cinco de la tarde.
4) Se efectuara ante la presencia del CNH en pleno, la Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, la prensa nacional e internacional y los asesores que ambas partes consideraran pertinentes.
5) Fuera transmitido por radio nacional y Telesistema Mexicano.
Si esta proposición no le agradaba al Poder Ejecutivo, el CNH asentaba estar dispuesto a discutir otras propuestas.
Este comunicado del CNH fue cursado oficialmente a la Presidencia, a Gobernación, a la PGR, a la Procuraduría del Distrito, al Congreso de la Unión y al DDF.
La Coalición de Profesores de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas publicó un documento donde analizó los planteamientos vertidos en el cuarto informe presidencial; se “revela toda la decisión de establecer la línea dura del régimen político”. En el documento destacaron tres puntos:
1) La afirmación de “que sí existen presos políticos y que no es válida la definición (del presidente) de que ‘preso político’ es quien está privado de la libertad exclusivamente por sus ideas políticas, sin haber cometido delito alguno”. Para la Coalición “preso político es aquella persona que esté privada de su libertad por sustentar ideas políticas contrarias al régimen y actuar en consecuencia, pero a la que, en virtud de que esto no puede perseguirse constitucionalmente, y para satisfacer el procedimiento judicial, en realidad ilegal, se le acusa formal pero ficticiamente de delitos políticos y comunes”.
2) En contra de la intención del Presidente de falsear lo que el movimiento pretende al pedir la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, la coalición asentó: “En realidad nunca se ha tratado de descuidar los peligros de invasión o de desintegración del territorio nacional (...) De lo que siempre se ha tratado es de eliminar el instrumento de dominación y aniquilación internas de la democracia, contra la cual es utilizada la ampliación que del artículo 145 se hizo en 1950 bajo el régimen del presidente Alemán”.
3) La censura a las evasivas del Presidente en relación con las causas que generaron el conflicto: “Como en múltiples ocasiones a través de nuestra historia, nuevamente se llega a señalar, como factor determinante de los desequilibrios y contradicciones, a las deficiencias de la educación, evadiendo el hecho profundo de fallas en el sistema económico, político y social, que producen los grandes desequilibrios e injusticias sociales (...) De ninguna manera es aceptable que el origen profundo del conflicto sean las fallas del sistema educacional, ya que éstas son una de las consecuencias del sistema mismo, y si se quieren transformar, hay igualmente que considerar las interrelaciones de los factores del sistema en su totalidad. Reformar sólo al sistema administrativo y reformas educativas abstractas son estériles”.
Se informa que el secretario de Educación, Agustín Yáñez, se reuniría este miércoles con el Consejo Nacional Técnico de Educación y con los directores generales de los distintos niveles de enseñanza, para analizar los puntos doctrinarios en que se podría sustentar la reforma educativa que propuso Díaz Ordaz en su informe.
Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey decretan un paro de 48 horas; la Normal de Matamoros está en huelga indefinida. El Instituto Tecnológico de Coahuila propone la iniciación del curso escolar hasta el 23 de septiembre; las autoridades de los planteles de enseñanza media y superior de Guerrero posponen la iniciación de labores; los estudiantes de Culiacán apoyan el movimiento sin ir al paro; los alumnos de Puebla continúan en huelga; la Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana mantiene el paro. Todo, en apoyo al movimiento estudiantil.
